1.         Norma demandada

LEY 418 DE 1997

(Diciembre 26)

Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones

ARTÍCULO 15. [Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 782 de 2002] Para los efectos de esta ley, se entiende por víctimas de la violencia política, aquellas personas de la población civil que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes, por razón de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado interno. Son víctimas los desplazados en los términos del artículo 1o. de la Ley 387 de 1997.

Así mismo, se entiende por víctima de la violencia política toda persona menor de edad que tome parte en las hostilidades.

ARTÍCULO 49. Quienes sufran perjuicios por causa de homicidios u otros atentados o agresiones contra la vida, la integridad física, la seguridad o la libertad personales, cometidos por móviles ideológicos o políticos, o sean objetos de amenazas referentes a la comisión de atentados o agresiones de esta naturaleza, serán beneficiados por una ayuda humanitaria de emergencia, tendiente a mitigar o a impedir la agravación o la extensión de los efectos de los mismos.

La mencionada ayuda humanitaria será otorgada por la Red de Solidaridad Social con cargo al monto del rubro específico que anualmente se asignará al efecto en el Presupuesto General de la Nación y hasta por el importe total de dicho rubro.

2.         Decisión

Primero.- Declarar EXEQUIBLE, por lo cargos estudiados, el artículo 15 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 6º de la Ley 782 de 2002, en el entendido que también son destinatarios de los instrumentos de protección consagrados en dicha ley, las víctimas de los delitos de desaparición forzada y sus familias.

Segundo.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos estudiados, el artículo 49 de la Ley 418 de 1997, en el entendido que también son destinatarios de la ayuda humanitaria de emergencia consagrada en dicho precepto, las víctimas de los delitos de desaparición forzada y sus familias.

Tercero.- Conferir a esta sentencia efectos retroactivos, en los términos señalados en el acápite final de la parte motiva.

3.         Fundamentos de la decisión

El problema jurídico que le correspondió resolver a la Corte en esta oportunidad, radicaba en resolver si en la definición de víctimas de la violencia política, el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa que desconoce los artículos 2º 13, 93 y 95 de la Constitución, al excluir sin una razón que lo justifique objetivamente, de las consecuencias jurídicas, beneficios y formas de ayuda humanitaria derivadas de los artículos 15 y 49 de la Ley 418 de 1997, a las víctimas de desaparición forzada y sus familiares, no obstante que su situación sea asimilable a la de las demás víctimas mencionadas en esas disposiciones.

Efectuado un análisis objetivo de las disposiciones demandadas, las leyes a que pertenecen y sus antecedentes legislativos, la Corte encontró que al menos en el artículo 6º de la Ley 782 de 2002 que modificó el artículo 15 de la Ley 418 de 1997, las víctimas de la desaparición forzada y sus familiares no se encuentran incluidos. Esta conclusión es resultado no sólo de que no está contemplado en ella el bien jurídico de la libertad personal o individual, que es el protegido con la desaparición forzada (Código Penal, Título III, Capítulo I, art. 165 de la Ley 599 de 2000); también proviene de atender la intención declarada explícitamente durante los debates parlamentarios y no contradicha posteriormente, en el sentido de que los perjuicios ocasionados por ese delito no estuvieren cubiertos dentro del concepto de víctima. En la Cámara de Representantes se negó la propuesta de un grupo parlamentario de incluir o dar por incluidas como víctimas de la violencia política a los desaparecidos y sus familiares y por tanto puede entenderse omitida clara y voluntariamente por el legislador. Menos claro resulta en el caso del artículo 49 de la Ley 418 de 1997, pues en él aparece como bien jurídico protegido, la libertad y seguridad personales, cuya afectación indiscutible se produce con el delito de desaparición forzada y porque así lo impondría el principio de favorabilidad. Con todo, también sería admisible la interpretación según la cual el legislador no los habría incluido, pues al momento de entrar en vigencia la Ley 418 de 1997, no estaba contemplado en el ordenamiento penal colombiano, el delito de desaparición forzada y el artículo 2º de esta ley impone criterios de interpretación restrictiva en todos sus preceptos.

Para la Corte, existen fundamentos constitucionales suficientes para afirmar que existe un deber específico de protección de parte del Estado frente a las víctimas del delito de desaparición forzada. En efecto, encuentra que conforme al artículo 12 de la Constitución, “Nadie será sometido a desaparición forzada…”, lo cual recoge en lo sustancial, un conjunto de disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos que vincula a Colombia y en los que se establecen diversos derechos para los individuos y obligaciones para los Estados, relacionadas con la vida, la libertad y la seguridad personales y su deber de protección. Al mismo tiempo, el artículo 2º de la Constitución Política contempla “deberes generales de protección de los derechos fundamentales de todas las personas residentes en el país, máxime cuando quiera que éstas hayan sido víctimas de crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad como el secuestro, o la desaparición forzada de personas” (Sentencia C-400/03). A lo anterior, se agrega el deber consagrado en el numeral 2 del artículo 95 de la Carta, pues en el marco de un Estado social y democrático de derecho, es posible que el legislador demande a la sociedad “ayuda para quienes han padecido una retención arbitraria bajo cualquiera de sus modalidades” (Sentencia SU-256/96), lo cual resulta exigible ante situaciones que pongan en peligro los derechos de quien se encuentra en situación de riesgo  de urgencia manifiesta. En este sentido, son claros los deberes que les corresponden al poder público y a los particulares, “frente a las víctimas de delitos de los bienes jurídicos de la libertad y la integridad personales, bien se trate del delito de secuestro o desaparición forzada de personas, en tanto igualmente lesivos de garantías fundamentales, tanto de quien resulte ser la víctima directa sobre quien recae la conducta, como del núcleo familiar dependiente de ésta” (Sentencia C-400/03), lo cual debe relacionarse con los derechos fundamentales que deben ser preservados.

A juicio de la Corte, no es constitucionalmente legítimo amparar bajo medidas especiales de protección a las víctimas definidas en el artículo 6º de la Ley 418 de 1997, de manera exclusiva y no incluir como destinarios de las mismas a quienes se han visto afectados por otros delitos igualmente lesivos de la libertad individual, como el secuestro y la desaparición forzada de personas, catalogados como delitos de lesa humanidad y graves atentados contra el derecho internacional humanitario. Si bien es cierto que las conductas de secuestro y desaparición forzada como parte de los delitos contra la libertad individual, son tipos penales diferentes de diversa configuración típica, se encuentra demostrado de manera plena, el carácter asimilable entre unas y otras víctimas y familiares, así como la inexistencia de una razón suficiente para su no inclusión entre los beneficiarios de esas medidas y el resultado en términos de discriminación negativa, contra quienes han sufrido por causa de los delitos contra la libertad personal como el secuestro y la desaparición forzada . Ambos, son comportamientos igualmente lesivos de derechos fundamentales como la libertad individual, que a su vez puede derivar en atentados contra la vida en condiciones dignas, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad personal. Son equiparables también –como se ha establecido en un estudio de Fondelibertad-  porque acarrean una serie de efectos devastadores para el entorno familiar, efectos estos aún más determinantes en aquellos casos en que la familia dependía económicamente de quien fue privado de la libertad injustamente, lo cual no depende del delito que se configure con dicha privación de la libertad individual. Por tanto, las consecuencias jurídicas en lo que guarda relación con las medidas de protección tanto de la víctima como de su familia, deben ser las mismas, sin que una justificación a las diferencias existentes en la estructura típica, justifiquen un trato distinto. Tanto en el secuestro como en la desaparición forzada, se produce una sustracción intempestiva de una persona de su ámbito cotidiano, hecho que por sí mismo y sin entrar en la valoración de los actores o móviles que condujeron a tal resultado, causa en la víctima una agresión rotunda de su libertad individual y pone en riesgo otros bienes como la vida y la integridad personal. Pero también, en el caso del secuestro y en la desaparición forzada, “el núcleo familiar se ve, de un momento a otro, desamparado, máxime si se tiene en cuenta que en muchos de los casos, el ausente era el principal proveedor del hogar” (Sentencia C-394/07). Por lo demás, como se ha reconocido por la jurisprudencia, existe para el legislador un deber específico de protección a favor de las víctimas de la desaparición forzada y sus familiares. Deber que emana de lo previsto en los artículos 2º, 5º, 42 y 95 de la Constitución en concordancia con el artículo 1º.  

En consecuencia, la diferenciación establecida en la descripción de los destinatarios del régimen de beneficios consagrado en el artículo 6º de la Ley 782 de 2002, por el cual se modifica el artículo 15 de la Ley 418 de 1997, configura un nítido trato discriminatorio frente a las víctimas del delito de desaparición forzada. Esto, por cuanto, no existe justificación válida desde la perspectiva constitucional que explique  por qué se niega a las víctimas de la desaparición forzada una protección efectiva por parte del Estado a través de los beneficios establecidos en la Ley 418 de 1997 y sus modificaciones. En ese orden, la Corte concluyó en que el legislador incurrió en esta materia en una inconstitucionalidad por omisión relativa al excluir de las consecuencias jurídicas de la Ley 418 de 1997, modificada por la Ley 782 de 2002 y prorrogada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006, a las víctimas del delito de desaparición forzada, que redunda en una discriminación contra los grupos excluidos de régimen de protección que dicho texto legal establece, por déficit de protección a la luz del ordenamiento constitucional. Se configura entonces una violación del artículo 13 de la Carta y de los mandatos que imponen el deber específico de protección frente a las víctimas del delito de desaparición forzada. Por tal motivo, la Corte profirió una sentencia integradora, de manera que las disposiciones acusadas se declaran exequibles, pero sólo bajo el entendido de que los instrumentos de protección consagrados en dicha ley también deben hacerse extensivos a las víctimas del delito de desaparición forzada y sus núcleos familiares dependientes. Sólo bajo este condicionamiento, las disposiciones resultan ajustadas a los mandatos constitucionales.  

En ese orden, la Corte encontró necesario responder a la preocupante discriminación de que han sido objeto las víctimas de los delitos de desaparición forzada, especialmente en cuanto a los desarrollos legislativos en materia de medidas de protección, frente a los secuestrados del país. Un déficit de protección que en el caso de la desaparición forzada de personas, como conducta constitutiva de delito de ejecución permanente o continuada hasta tanto se produzca la liberación o se compruebe la muerte de la víctima, se manifiesta en el acceso restringido a los distintos beneficios incluidos en la ley 418 de 1997, hecho que agrava la situación del desaparecimiento, pues éste no sólo ha sido afectado gravemente en su libertad individual, sino que además pone en peligro el mínimo vital y demás derechos fundamentales de su familia.

En consecuencia, la Corte dispuso que para proteger de manera efectiva el principio de igualdad de las víctimas de los desaparecidos y sus familiares quienes deben ser entendidos como sujetos a los que se refieren los artículos 15 (modificado por el artículo 6º de la ley 782 de 2002) y 49 de la ley 418 de 1997, la presente sentencia tendrá efectos retroactivos. Es decir, que la ley 418 de 1997 junto con sus modificaciones, se aplicará desde su promulgación a todas las personas que sean víctimas actuales de la desaparición forzada en el marco del conflicto armado y a sus familiares, quienes tendrán derecho a los beneficios contemplados en ella.

Acuerdo sobre Medio Ambiente entre Canadá y Colombia se ajusta a los postulados y preceptos constitucionales. La Corte ordenó declaraciones interpretativas respecto de la participación de las comunidades étnicas en el Comité de Medio Ambiente y la necesidad de aprobación del Congreso y control de constitucionalidad de las enmiendas que se introduzcan a este Acuerdo.